A dos años de la revuelta social, el panorama respecto a la defensa de DDHH no ha cambiado de manera profunda, según indican diversas organizaciones relacionadas al tema. "Para restablecer el orden público se asumió como coste necesario el daño a la integridad de las personas", indican.
Este lunes 18 de octubre se conmemoran dos años desde el estallido social, una serie de manifestaciones que se dieron de manera espontánea tras un alza de tarifas en el transporte público y la falta de derechos sociales en Chile que acrecentaban las desigualdades entre la población nacional.
Amnistía Internacional (AI) en su reciente informe presentado este viernes 15 de octubre, realizó un análisis de las cifras de personas agredidas y lesionadas desde el 18 de octubre hasta el 30 de noviembre, señalando que los números demuestran un "claro indicador de que la fuerza se estaba usando indebidamente y de forma mantenida en el tiempo".
Cifras a tener en consideración
- Más de 12.500 personas requirieron atención de urgencias en un hospital público por incidentes sucedidos en el marco de las protestas, de acuerdo con el Ministerio de Salud.
- En ese mismo lapso 2.300 funcionarios de Carabineros fueron lesionados.
- Al menos 347 personas resultaron con lesión ocular, en su mayoría, por el impacto de balines, de acuerdo con el INDH.
- La Fiscalía Nacional contabilizó 5.558 víctimas de violencia institucional, de las cuales 1.938 eran personas lesionadas por armas de fuego y 674 por lesiones graves, de las que 285 eran lesiones oculares. Entre las víctimas, 834 eran niños, niñas o adolescentes. Del total de las denuncias, 4.170 eran contra personal de Carabineros.
- La Fiscalía Nacional registró 246 víctimas de violencia sexual, seis por penetración sexual con un objeto y dos por violación sexual, una de ellas, violación múltiple, y existían 134 investigaciones por tortura y 4.158 por apremios ilegítimos (equivalente a malos tratos).
- Se registraron 1.946 delitos de amenazas y de maltrato contra Carabineros, de los cuales al menos 692 se referían a delitos de maltrato contra oficiales de la institución.
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Según indica Amnistía Internacional, los estándares internacionales de Derechos Humanos son contundentes en exigir que el uso de la fuerza por parte de la policía en el contexto de manifestaciones debe ser el último recurso, y que deben guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y de rendición de cuentas.
"El uso de la fuerza letal o potencialmente letal para mantener el orden frente a situaciones que no supongan una amenaza concreta a la vida o integridad física de terceros, se considera uso desproporcionado de la fuerza", aseguraron.
"Uso desproporcionado de la fuerza"
El organismo global presente en más de 150 países corroboró que en numerosas ocasiones oficiales de Carabineros ejercieron fuerza física deliberada, de forma desproporcionada y sin que hubiera necesidad de ello, a través de bastones, puñetazos o patadas, incluso una vez que las personas se encontraban bajo la custodia del Estado.
En relación con los casos de lesiones provocadas por armas potencialmente letales, tales como las escopetas antidisturbios con munición de impacto cinético múltiple, indicaron que habrían sido utilizadas como una herramienta táctica para el control de las manifestaciones.
No obstante, "esta munición consistió en balines cuyo material era una aleación de goma y metal que resultó altamente dañino porque penetraba la piel y se dispersaba al disparo. Dicha munición no se debería haber utilizado, y debería haberse prohibido debido a que no cumplía con el estándar internacional sobre uso de la fuerza. A pesar de ello, funcionarios de Carabineros dispararon de manera prácticamente descontrolada e indiscriminada, sobre todo durante el mes de octubre, donde se detonaron más de 104 mil cartuchos", señalan desde AI.
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Además, en numerosas intervenciones se usó contra manifestantes que no presentaban un riesgo para la vida de los agentes o de terceros, como en el caso del observador del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) Jorge Ortiz.
En ese sentido, también se identificaron agentes que dispararon hacia zonas de alta letalidad como la cabeza y el tórax, lo cual, sumado al hecho de que se trataba de una munición notoriamente indiscriminada, produjo que cientos de personas sufrieran lesiones oculares.
Este proceder se reconoció al menos en los casos de Gustavo Gatica, Renzo Inostroza y la niña D.S.A.G. Por otro lado,también se identificaron oficiales que dispararon de forma indiscriminada o aleatoria, con el fin de dispersar y sin precisar un objetivo concreto, hiriendo a personas como es el caso del camarógrafo Alejandro Torres o del niño M.I.V.Q.
En el caso del gas lacrimógeno, fue utilizado de manera desproporcionada como herramienta de dispersión y también fue disparado con lanza granadas de gas donde, en múltiples ocasiones la lata fue dirigida contra el cuerpo de las personas para causar daño y no como una herramienta para dispersar. Fabiola Campillai perdió los sentidos de la vista, el olfato y el gusto, debido al impacto de una granada de gas en la cara. Asimismo, Natalia Aravena sufrió estallido ocular por el impacto de una lata de gas directamente en el ojo, argumenta el organismo.
"Carabineros violó de forma reiterada los DD.HH."
Dado los antecedentes, desde AI advierten que "si bien es cierto que se reportaron cuantiosos daños a la propiedad, así como lesiones a personal de Carabineros, la desproporción de lesionados, así como la evidencia casuística y de imágenes con respecto al uso innecesario y desproporcionado de la fuerza de forma reiterada, sugieren que se pudo haber tratado de una política de Carabineros, y no de la responsabilidad de oficiales que actuaron aisladamente quebrantando las órdenes de sus superiores".
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Esta política, que habría venido desde los mandos superiores, habría supuesto asumir el daño a la integridad de las personas como un mal necesario para el restablecimiento del “orden público”, castigando a quienes protestaban para cesar las protestas a como diera lugar, infieren desde la institución.
El estándar internacional sobre responsabilidad de mando exige demostrar que los superiores sabían o deberían haber sabido, y que, a pesar de ello, omitieron tomar medidas para prevenir los actos de violencia o castigar a los perpetradores.
Amnistía Internacional concluye que agentes de Carabineros de Chile violaron de forma generalizada los Derechos Humanos de los manifestantes por lo menos durante el primer mes y medio de protestas de 2019.
Lo anterior, porque durante las operaciones infligieron dolores y sufrimientos graves a la población manifestante, con la intención de castigar, dispersar y desarticular las manifestaciones. "Para restablecer el orden público se asumió como coste necesario el daño a la integridad de las personas", indican.
¿Cuándo una violación a los DD.HH. es sistemática?
El abogado Cristián Riego Ramírez, director de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, conversó con CHV Noticias para explicar en detalles cuando una violación a los Derechos Humanos es sistemática y para ello, detalló los tres casos posibles que determinarían calificaciones según corresponda.
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Habrían tres categorías distintas con responsabilidades diferentes señaladas en los estándares del derecho internacional. La primera es una violación ocasional o individual a los DD.HH. "Por ejemplo cuando un Carabinero le pega a un detenido en un cuartel policial supongamos, sería una violación ocasional si es que ocurre muy rara vez", explicó el especialista en leyes.
"Una violación reiterada es cuando el cuerpo de Carabineros tiene problemas de funcionamiento, de entrenamientos o hay una cultura negativa en su interior, entonces ocurre habitualmente que Carabineros golpea a los detenidos en los cuarteles policiales. Eso sería un conjunto de violaciones reiteradas", aseguró el también investigador de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1990 y 1991.
"Una violación sistemática es cuando el gobierno o el cuerpo de Carabineros busca como política establecida con algún fin, por ejemplo para intimidar a los manifestantes, usar las violaciones a los Derechos Humanos para conseguir ciertos objetivos", sostuvo Riego.
En ese sentido, el abogado puso como ejemplo con lo ocurrido en Chile con la dictadura y la creación de la DINA (La Dirección de Inteligencia Nacional de Augusto Pinochet que operó entre 1973 y 1977), que desaparecía y torturaba a personas. Lo anterior, "no era porque eran agentes malos, sino que porque el gobierno buscaba esa política para causar ese tipo de efectos", aseguró.
Responsabilidades
"Un gobierno no tiene responsabilidad por una violación aislada individual. Por una violación reiterada puede tener alguna responsabilidad, porque puedes decir 'mire el gobierno no ha hecho las modificaciones en la estructura de la policía para evitar que se produzcan estos hechos reiterados como el uso de balines que producen pérdidas oculares'. Uno podría decir 'el ministro o el presidente no tomaron la medidas para evitar la situación'. Podría haber una responsabilidad", argumentó.
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No obstante agregó que no es lo mismo si es que el gobierno estuviera detrás buscando producir ciertas violaciones a los derechos humanos como una política de Estado perpetrada por el gobierno, el mando de carabineros o el ministerio, alguien de las altas esferas de poder. "En ese caso la responsabilidad es mucho mayor, cuando hay violaciones sistemáticas estamos hablando de responsabilidades gubernamentales mucho más graves", dijo Cristián.
"Aquí en Chile se ha dicho que hay violaciones a los Derechos Humanos que son reiteradas y múltiples, que tienen que ver con problemas estructurales y del funcionamiento de la policía, pero no son sistemáticas en el sentido de que el gobierno las busca, ya que no son una política de gobierno. Sin embargo, puede que el gobierno tenga cierta responsabilidad por no haber tomada las medidas destinadas a evitarlas", reflexiona el experto.
Para Jan Jarab, representante en América del Sur de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la formulación que han utilizado en el informe de diciembre de 2019, coincide que fueron violaciones a los derechos humanos reiteradas en el tiempo y en el espacio.
Reforma estructural a Carabineros
Amnistía Internacional recomienda una reforma estructural a la institución de Carabineros, debido a las limitaciones que presenta su naturaleza militar y su estructura orgánica, en la línea de la propuesta realizada por la Comisión de Seguridad del Senado chileno a finales de 2019.
El documento de AI evidencia la necesidad de cinco claves con respecto a la reforma estructural:
- Contar con mecanismos independientes y efectivos de monitoreo del actuar policial.
- Mecanismos de participación significativa de la sociedad civil y organizaciones de víctimas.
- Protocolos apropiados para investigar abusos policiales.
- Abordar el actuar policial ilegal como un asunto estructural.
- Asegurar la responsabilidad de los altos mandos y de nivel superior.
Para, Jarab, la deuda de la reforma de Carabineros se relaciona sin duda con la actualización de los protocolos que rigen el uso de la fuerza. Sin embargo, algo muy relevante es la cultura del actuar de la institución, desde la capacitación, hasta la redefinición del rol de la policía, en el cual puede ser útil la discusión que va a tener la Convención Constitucional".
Proceso constituyente
Por último, Amnistía Internacional considera que el proceso para elaborar una nueva Constitución acordado en noviembre de 2019 es una oportunidad histórica para abordar las demandas en temas claves de derechos sociales, que fueron la causa de las protestas. "La Constitución de Chile no protege adecuadamente los derechos humanos", enfatizan.
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"Sin estos cambios estructurales para garantizar derechos y superar las brechas de desigualdad en el acceso a derechos como la salud, educación, seguridad social vivienda, la crisis de derechos humanos en Chile continuará", advierten.
En ese sentido, desde la ONU, confirmaron que han estado trabajando manera estrecha con la Convención, y que ya firmaron un acuerdo de cooperación. "Hemos entregado documentos normativos sobre varios derechos. Estamos organizando seminarios, para hablar sobre el tema de reparaciones", agregó.
Avance de procesos legales
De acuerdo con los números dados a conocer por el jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH, Rodrigo Bustos, hay apenas cuatro condenas de agentes del Estado por hechos relacionados con la crisis social.
Según los datos actualizados hasta el 21 de septiembre indican que el INDH tiene 3.072 querellas presentadas, 70 de ellas se encuentran formalizadas, con 136 imputados formalizados con cuatro condenas. “Hemos avanzado muy poco, menos de un 1% de las denuncias que entró al sistema penal tiene una formalización”, dijo Bustos.
Al respecto, Sergio Micco, el director del INDH recordó que 3.400 víctimas confiaron en el Instituto, pero según las cifras de la Fiscalía las víctimas son 8 mil. "Estamos conscientes de que mucha gente presentó querellas a través de otras instituciones o a nivel personal o simplemente se hizo la denuncia y no quiso presentar la querella", explicó.
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En ese sentido, señaló que algunos no querían seguir recordando lo que vivieron. "Otras no se atrevieron a presentar la denuncia. Hemos estado en 3.000 casos y en sólo cuatro de ellas se dictó una sentencia definitiva condenatoria. Las cifras son devastadoras”, concluyó Sergio Micco.
15/10/2021
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