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13/12/2024
11:44
La institución presentó un recurso de protección por vulneraciones a los derechos de los niños y al principio de igualdad. En el campamento vivían 200 familias y fue base de operaciones de una facción del Tren de Aragua.
La Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Arica en contra del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, de la Subsecretaría de la Niñez, y en contra de la Delegación Presidencial.
Esto, con el fin de "restituir los derechos de cerca de 300 lactantes, niños, niñas y adolescentes", que fueron desalojados en noviembre junto a sus familias en el sector denominado Cerro Chuño, en Arica.
En concreto, advierten “omisiones ilegales y arbitrarias que atentan contra las garantías contempladas en los N° 1 y N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”, vulnerando el derecho a la integridad física y psíquica y el principio de igualdad y no discriminación.
"No existe un plan relocalización y/o reubicación para los niños, niñas y adolescentes y sus familias, y están quedando sin hogar, dejando a muchas de ellas en situación de calle, aumentando aún más la vulnerabilidad", denunció Anuar Quesille, Defensor de la Niñez.
“La situación es realmente grave y el Estado, a través de estos organismos, no ha garantizado la debida protección y resguardo de los derechos de estos niños y niñas, y que por ley le corresponde asegurar", complementó.
De acuerdo con el abogado, "se habilitaron sólo dos albergues con una capacidad muy reducida, de 10 a 15 cupos". "Esto es totalmente insuficiente considerando la cantidad de personas que están siendo desalojadas", señaló en un comunicado.
Fue a fines de noviembre cuando más de 150 policías, autoridades y personal de Fiscalía participaron en la primera etapa del masivo desalojo del campamento ubicado en la periferia del radio urbano de Arica.
El extenso operativo permitió recuperar 3,7 hectáreas del inmueble fiscal, el cual abarca 146 lotes de terreno donde vivían unas cien familias, la mayoría ciudadanos extranjeros.
Según investigaciones policiales, en el lugar asentó hace dos años su base de operaciones el clan Los Gallegos, una peligrosa célula del Tren de Aragua.
