La secretaria de Estado manifestó que el gobierno no quiere a los militares en la zona, pero que la medida permite hacer "una labor preventiva de la protección de las rutas" para que el Estado pueda llegar con "mayor inversión social" a esa parte del país.
Durante la noche de este lunes 16 de mayo, la ministra del Interior, Izkia Siches, anunció el decreto de un nuevo Estado de Emergencia acotado en la macrozona sur del país, específicamente para la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y Biobío en la Región del Biobío.
En un punto de prensa desde La Moneda, la secretaria de Estado declaró que se trata de un “problema complejísimo que no se solucionará de la noche a la mañana”, enfatizando que el gobierno “está comprometido con una agenda de reconocimiento de nuestros pueblos indígenas“.
En ese sentido, Siches explicó que se implementará un nuevo mecanismo para la restitución de tierras, parlamentos territoriales, y seguridad, siendo este último tema el que está directamente relacionado con el Estado de Excepción Constitucional, el cual fue publicado en el Diario Oficial en las últimas horas.
En ese contexto, fue que la secretaria de Estado, en diálogo con Meganoticias, explicó que luego de conversar con las bancadas y los partidos de gobierno se llegó a la respuesta de que era mejor utilizar los instrumentos que estaban disponibles en el Estado de Derecho.
"Nuestro gobierno está comprometido con una agenda que no se ha desdibujado desde nuestra llegada, que es avanzar en los temas de fondo. Por una parte ir a buscar y detener a aquellas personas que están en el crimen organizado, y separar la agenda en torno a nuestros pueblos originarios", añadió al citado medio.
Al ser consultada sobre las declaraciones del presidente de la República, Gabriel Boric, relacionadas con la no renovación del Estado de Excepción en su mandato, Siches explicó que la medida va englobada en un plan para poder implementarlo en la zona.
"Estamos comprometidos en el Plan Buen Vivir, para recuperar territorios y trabajar en una agenda intersectorial, comprometiendo una agenda de mayor desarrollo como la del Ministerio de Pueblos Indígenas. Nosotros entendemos claramente que el Estado de Excepción Constitucional no es la solución para nada; ni para perseguir el crimen organizado ni para detener los enfrentamientos del territorio", señaló.
"Desde que llegamos estamos comprometidos en utilizar las herramientas del Estado de Derecho. El Estado de Excepción nadie lo puede ver como una real solución a los problemas de fondo y es por ello que no hemos desdibujado nuestra agenda de largo plazo, como trabajar en nuestras medidas de fondo relacionadas con demandas indígenas, como también en paralelo perseguir la delincuencia, el narcotráfico, el robo de manera y los distintos delitos que ocurren en el territorio. Son ejes que no hemos abandonado", enfatizó.
Asimismo, indicó que el Estado de Excepción "permite hacer una labor preventiva de la protección de las rutas, para permitir el libre tránsito y para llegar con mayor inversión social. Este es uno de los territorios donde más golpea la desigualdad y la pobreza. No podemos llegar porque las rutas no lo permiten".
Al ser preguntada sobre si considera que hay terrorismo en el sector, precisó que las categorías jurídicas como el Poder Judicial -hasta la fecha- en ninguna de las sanciones judiciales se han utilizado esos términos (terrorismo).
"Desde nuestra perspectiva hay delitos comunes que deben ser perseguidos como ocurre en las poblaciones de nuestro país, tanto atentados y robos, como se ha visto en los últimos años", detalló.
"Lo que importa es separar la paja del trigo, desmantelar las bandas y no perder de vista que tenemos un problema histórico y centenario del cual los gobiernos no se han podido hacer cargo", agregó al respecto.
Con relación al objetivo de las presencia de las Fuerzas Armadas, explicó que es utilizado como una labor preventiva de protección de las rutas. "Nosotros jamás esperaremos que las fuerza armadas ingresen a las comunidades ni se hagan cargo de ninguno de los problemas de fondo que hay en La Araucanía porque no son par a ello, y ellos tampoco esperan tener enfrentamientos con civiles. Evidentemente si son directamente atacados tienen que responder, pero la labor que esperamos es una preventiva", manifestó.
"Primero reiterar que el gobierno está comprometido con resolver el problema de fondo y eso requiere, en el caso de los delincuentes, investigar y esclarecer aquellas bandas. Nuestro gobierno ya ha configurado una mesa para enfrentar el crimen organizado. Nos hemos reunidos con los fiscales de la zona para fortalecer sus capacidades", afirmó.
"Yo creo que nadie quiere a los militares en la zona, el gobierno tampoco quiere a los militares en la zona. Quiero ser muy clara, es un consenso dentro del gobierno, nadie quiere tener que necesitar a las Fuerza Armadas para el control del orden público, pero entendemos que son instrumentos necesarios", lamentó.
"El gobierno tuvo claras dos posturas. Poder avanzar en un proyecto especial para esto, o usar el Estado de Excepción Constitucional. Cuando conversamos con nuestras bancadas ellos mismos dijeron 'para qué vamos a innovar si estamos muy próximos a una nueva Constitución'. Eso fue bastante transversal (...) Nadie quiere, y particularmente nuestro gobierno, enfrentamientos, ni muertes de civiles, no queremos ser el gobierno en el que un militar mate a un comunero", mencionó.
"Tuvimos a los militares seis meses y nada se resolvió y todo sigue igual. Yo soy médico, y esto es como tratar el síntoma y no la enfermedad", sentenció.