Presidente Conadecus tras demanda a Metro por saldo Bip!: "Operó un sistema de caducidad fuera de la legalidad"

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) demandó a la empresa Metro por los saldos en las tarjeta Bip! de los usuarios que caducaron por no uso.

Según señalaron, serían 18 millones de tarjetas las que vencieron desde el 2013 a la fecha, y el objetivo de la acción judicial interpuesta es que los afectados puedan recuperar su dinero, el cual asciende a una suma de 54 mil millones de pesos.

En entrevista con CHV Noticias, el presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, explicó que, pese a que las tarjetas no tienen nombre, sí están registradas, por lo que "debiera estar toda esa información", caducadas y vigentes.

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"No tienen nombre ni apellido, pero hay un número que las identifica y que el portador la puede utilizar y recibir", continuó Calderón y agregó que también existen otros mecanismos, como recuperar el dinero y destinarlo a viajes gratuitos para adultos mayores, una rebaja en el pasaje, obras sociales, entre otros.

Pese a que esto ocurrió en el transporte de Santiago, Calderón explicó que esta práctica también "se aplica en el biotren en Concepción, el tren a Rancagua, Nos" y añadió que "todo el sistema de transporte público se transformó en una situación abusiva donde el estado impone caducidad".

En esa misma línea, el presidente de la corporación fue enfático al decir que "aquí operó, durante el 2013 a la fecha, un sistema de caducidad absolutamente fuera de la legalidad".

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En 2020 caducaron 2.700.000 tarjetas

Calderón también insistió en la situación que ocurrió en 2020, cuando comenzó la pandemia y caducaron 2.700.000 tarjetas, "lo que equivale a una recaudación de más de 3.200 millones".

"Fue el año en que hubo más caducidad en la historia de la tarjeta" insistió y agregó que "lo que tienen de fondos las personas no pueden ser expropiados por el propio Estado".

Finalmente, Calderón señaló que "no tenemos conocimiento" de a dónde se van los saldos porque "se supone que el recaudador los debiera tener y si no los tiene tendrá que decirnos a qué se destinaron, en qué se utilizaron y en qué entidad está".

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