Tanto políticos de su sector como miembros de organizaciones civiles han criticado que la administración de Alberto Fernández apoyara el informe sobre las violaciones a los derechos humanos en que ha incurrido el régimen de Maduro.
La polémica se encendió cuando, en un comunicado emitido ayer, la Cancillería expresaba que, en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, votaría a favor del trabajo realizado por Bachelet, e instaba al Gobierno de Nicolás Maduro a "implementar íntegramente" las recomendaciones de sus informes y a apoyar investigaciones "imparciales y transparentes" sobre las "alegaciones de violaciones a los derechos humanos".
Este hecho fue definido como un "lamentable giro" de la política exterior de Argentina por Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela y el Reino Unido durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), que es la actual vicepresidenta del país y líder del sector kirchnerista dentro del peronista Frente de Todos.
Ya el martes, Castro, afín al kirchnerismo, reprochó en Twitter que el canciller Felipe Solá votó "la Resolución del Grupo de Lima" -en referencia a la alianza de países con gobiernos de centro derecha que desconoce el régimen chavista- "condenando a Venezuela, con (Jair) Bolsonaro, (Iván) Duque, (Sebastián) Piñera, (Martín) Vizcarra, en cuyos países se violan flagrantemente los derechos humanos".
Esta mañana se conoció que Castro, que había sido propuesta por el Gobierno de Fernández para ser embajadora en Rusia pero su pliego aún no llegó a ser aprobado por el Senado, decidió presentar su renuncia a ese cargo por no estar de acuerdo con la actual política de relaciones exteriores.
Durante los Gobiernos de los Kirchner, en los que Alberto Fernández jefe de Gabinete de ministros, Argentina mantuvo una estrecha relación con la Venezuela chavista, aunque el conservador Mauricio Macri (2015-2019) se alzó como uno de los adalides contra la "dictadura" de Maduro en el Grupo de Lima.
Con su triunfo electoral, Fernández, que siempre ha reconocido a Maduro, decidió no abandonar el Grupo de Lima al justificar que en esa plataforma el país también podría expresar su postura, inclinada a favorecer el diálogo político en el país caribeño para lograr una salida a su dilatada crisis económica, política y social desde la no intervención exterior, y para condenar los bloqueos hacia ese país.
Lee también: 4 datos a tener en cuenta para el debate vicepresidencial en Estados UnidosTambién la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, defensora de los Gobiernos kirchneristas, se manifestó y dijo que está "avergonzada del canciller", a quien definió como "un tipo que no sabe dónde está parado ni qué es lo que está representando".
"Conozco ese pueblo lo que sufrió y lo que le dio (Hugo) Chávez y conozco a Maduro y conozco lo que está haciendo para sostener ese Gobierno, al que lo quieren sacar. Perdón Maduro, perdón pueblo venezolano, perdón por lo que hizo el canciller", recalcó en declaraciones a la radio AM 530.
Por su parte, el dirigente social Luis D'Elía mostró su inquietud por la situación y llegó a anhelar una llamada telefónica de Fernández a Maduro que "ayude a ordenar las cosas".
"Sinceramente creo que si hoy hay un llamado telefónico de Maduro y Alberto, seguramente atrás debe estar la mano de Cristina Fernández de Kirchner y de Cuba, esa Cuba revolucionaria que ilumina permanentemente el continente", señaló y consideró que, "más allá de la bronca", es "el momento de actuar con responsabilidad y respaldar mucho a Cristina".
Lee también: Tiene 41 años y demandó a sus padres para que lo mantengan de por vidaEl comunicado difundido ayer especificaba que el presidente "dio instrucciones" a la Cancillería sobre la posición a fijar por la representación argentina en Ginebra ante los proyectos en relación con la situación en Venezuela que se iban a tratarán en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
"El diálogo y la cooperación con las autoridades, las respuestas eficaces a las exhortaciones manifestadas en los diferentes informes, sumados a los mecanismos de protección esenciales, son fundamentales para revertir la actual situación en derechos humanos en Venezuela", destacaba el texto.
No obstante, se hacía hincapié en que Fernández sostuvo "una vez más" que deben condenarse los bloqueos y las sanciones que, "pretendiendo presionar a las autoridades", agreden especialmente al pueblo venezolano y contribuyen a un "sufrimiento aún mayor del mismo, dada la grave situación económica y social en la que se encuentra".